HAY
QUE RECONSTRUIR LA FORMACIÓN PROFESIONAL “EN EL EMPLEO”
Esteban Villarejo
Recientemente se han hecho públicos unos hechos
referentes a la formación profesional continua, que son "la gota que colma
el vaso". Primero se había informado de unos gestores de formación
que la utilizaban para obtener márgenes exorbitantes. Después se ha sabido que
hay organizaciones empresariales que financian de manera ordinaria los sueldos
de sus directivos (entre 100.000 y 200.000 euros anuales) con cargo a
subvenciones públicas o “para-públicas”. Lo que ya desborda lo admisible es que
eso se admite como legitimo por el Presidente de los empresarios de la
Comunidad de Madrid, por la fiscalía, y se supone que por la misma Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo. El pretexto es que las instituciones
empresariales y sindicales que hacen formación continua, tienen derecho a
cierta proporción de las subvenciones, debido a que contribuyen con
infraestructuras y gestión. Eso se estima como razón suficiente para financiar
directamente hiper-sueldos de los directivos de esas instituciones, sin
necesidad de que tengan participación alguna en la formación.
Aducir eso como justificación revela algo que rebasa
la inmoralidad, y entra en el nivel de la amoralidad: de la falta de conciencia
moral, pues no se trata ya de aceptar la corrupción, sino de
institucionalizarla. Pues bien, se trata de una degradación a la que debemos
oponernos quienes optamos por la solidaridad y el respeto hacia el Derecho. Esa
oposición debe ir acompañada de una propuesta alternativa; ahora bien, antes de
bosquejarla conviene tener en cuenta otro tipo de razones para oponerse al
modelo actual, que son tanto o más poderosas que las expresadas.
Son de tipo funcional. La privatización que se ha ido registrando en la gestión de la formación ocupacional y de la continua financiada con fondos públicos (o "para-públicos"), ha provocado una degradación grave en la calidad de esa formación (permítaseme ahora incluir los dos tipos de formación expresados, con la intención que se mostrará más tarde). La razón es que los agentes privados tienden a hacer una formación de coste reducido, con el fin de maximizar su beneficio. Hacer buena formación profesional, es muy caro, porque exige contratar a profesionales de una cualificación excelente, y en lo posible también dotados de competencia didáctica. Esos profesionales poseen cualificaciones que son escasas en el mercado de trabajo, y por tanto muy cotizadas; por tanto, contratarlos cuesta mucho dinero. Por ello, las empresas dedicadas a esta formación profesional para el empleo, suelen contratar profesionales de cualificaciones excedentarias en el mercado de trabajo, o bien provistos de una capacitación muy inferior a la óptima. Asimismo, la oferta de formación suele ser sobreabundante donde los medios didácticos que se utilizan son de bajo coste, y en lo posible incluso no sea necesario manejar medios de producción, o bien muy económicos. En cambio, la oferta formativa es muy escasa cuando es necesario utilizar medios costosos, lo cual impide satisfacer las necesidades de cualificación en campos muy importantes.
Otra característica de gran parte de la oferta es su inercia.
Para satisfacer verdaderamente las necesidades de cualificación, lo adecuado
es ofertar formación en las
cualificaciones requeridas precisamente allí donde se precisen y en la cantidad
en que sean demandadas o se estimen necesarias. Sin embargo, muchos de los oferentes
de formación la ofrecen de manera continuada en las mismas cualificaciones,
lugar y volumen.
En definitiva, la privatización de la oferta ha
llevado a una situación que recuerda lo que en Economía se llama “Ley de
Gresham”: “La moneda mala expulsa a la buena”. La formación es muy deficiente tanto
en eficacia como en eficiencia, pues es de una calidad muy desigual, y
excedentaria en cualificaciones ya suficientemente provistas, mientras que es
muy escasa en cualificaciones muy necesarias y de provisión costosa.
La cuestión es: ¿cuál es la alternativa? Da vergüenza
reconocerlo, pero al menos en sus características generales, el referente más
cercano en el que fijar la vista es el
antiguo PPO, la Promoción Profesional Obrera de los años 60 y principios de los
70 del siglo pasado. Con todos sus defectos, insuficiencias y desajustes
con la situación actual, merece la pena recordar tres de sus características:
-
Trataba de ofertar
una capacitación orientada a la cualificación óptima (si bien de tipo
“ocupacional”: es decir medio-bajo). Para ello se contrataba a profesionales con
una cualificación excelente, a los cuales se dotaba de capacitación y medios
didácticos. Dado que a menudo había que sacarlos de un trabajo bien pagado, se
les contrataba con una retribución elevada, pero sólo por el tiempo en que se
necesitasen sus servicios, y para hacer formación allí donde se precisasen.
-
Para hacer esa
formación adecuada a la demanda, se mantenía contacto con empresas, asociaciones,
ayuntamientos y otros agentes, por una parte para conocer sus necesidades y satisfacerlas,
y al mismo tiempo para apoyarse en sus infraestructuras y medios, los cuales se
complementaban con medios móviles propios.
-
Paradójicamente, esa compenetración con los
agentes sociales y adecuación a sus necesidades, sólo era posible porque se
trataba de una institución pública, si bien dotada de una gran agilidad. Es
decir, tenía más de agencia pública que de administración ordinaria.
La creación del INEM, y la absorción por el mismo del
SEAF-PPO, puso fin a esa flexibilidad, y a los principios citados con
anterioridad. La cuestión es si no vale la pena rescatar esos principios,
aunque la estrategia, organización y metodologías a aplicar, hayan de ser muy
distintas de las antiguas.
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